El Gobierno ya no cree en el #CanonXCita

El 14 de febrero de 2014, día de los enamorados, el Gobierno presentaba la ley que iba a acabar con las citas. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que incluía el canon por cita o canon AEDE supuestamente iba a aprobarse con el ya clásico paseíllo por las Cortes, asfaltadas por la mayoría absoluta del PP, un trámite a superar antes del verano.

Como informa El Confidencial Digital, tras rechazar las enmiendas totales en el Congreso, el partido conservador ha estirado el plazo para las parciales hasta el 24 de junio. Fuera del calendario de sesiones de las comisiones, esto significa que la nueva versión de la LPI no saldrá aprobada de la cámara baja antes del otoño. Con varias citas electorales en el horizonte y el rechazo social que ha levantado la norma, es posible que Soraya Sáenz de Santamaría acabe dejando la reforma en un cajón en espera de tiempos más propicios.

Los cambios de la LPI introducidos por la vicepresidenta no han contentado a nadie. Empezaron numerosos actores dentro del sector agrupados en la Coalición Pro Internet, pero la sorpresa no tardó en llegar cuando se unieron a las críticas los sempiternos aliados del Gobierno de la CEOE.

También hemos venido contando en este blog como el canon AEDE ha recibido palos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, varios partidos de la oposición durante el trámite parlamentario y más de 77.000 personas (y subiendo) que han firmado contra el canon por cita en Change.org.

Incluso miembros de AEDE han empezado a mostrarse en público contrarios al canon, dato importantísimo si tenemos en cuenta que AEDE es el lobby mediático que exigió inicialmente la tasa como medio de enjugar pérdidas debidas a sus propios errores empresariales.

A la vista de los resultados de las europeas, el Gobierno tiene pocos comodines para aprobar normas impopulares antes de iniciar la temporada electoral. Y el canon por cita podría ser, más que una ley, un brindis al Sol. Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de UPyD en los debates sobre la LPI, explicó a El Confidencial Digital que también Bruselas se dispone a legislar sobre propiedad intelectual:

“Si [el PP] aprueba una norma como la tasa Google u otras de propiedad intelectual y luego la ley europea regula en contra, sería un palo gordo para el gobierno. Además, sería una norma que estaría en vigor poco tiempo si luego hay que adaptarla a la europea. Al Gobierno le conviene esperar”

Sentencias previas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea llevan a pensar que muy probablemente cualquier cosa que se apruebe en el Europarlamento le vaya a la contra a la propuesta de Sáenz de Santamaría.

Saben que se están equivocando. Solo necesitamos hacerles ver hasta qué punto. Firmando, uniéndonos a la coalición o incluso contactando directamente con nuestros representantes electos. Parafraseando a aquel: en caso de duda, Democracia.