La Coalición Pro Internet y Analistas Financieros Internacionales han presentado un informe sobre el impacto económico que tendrá la aplicación del canon por cita. Las conclusiones, que se suman a los 5.000 euros por blog que te cobrará el Gobierno, son demoledoras en todos los aspectos posibles:
- No existe justificación económica para el canon. Agregadores y editores no compiten por el mismo mercado y de hecho los primeros benefician a los segundos. Además, como indicó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, hay mecanismos técnicos para bloquear los agregadores, no es necesario legislar al respecto.
- El canon supone una barrera de entrada para nuevos actores en el sector, mermando la competencia y la innovación tecnológica.
- El carácter irrenunciable del canon atenta contra la libertad de empresa. Optar por el copyleft pasa a ser no ilegal, sino imposible. Las marcas que prefieran la notoriedad que les pueda deparar un agregador tendrán que seguir contentándose con las migajas del canon.
- El monopolio de gestión de derechos y canon que recibirá CEDRO también atenta contra la libertad de mercado.
- La determinación del canon con el cálculo de pérdidas a priori es ineficiente. Por ser finos, añado yo.
- Caerá del tráfico para los editores. The Associated Press perdió un 20% de usuarios cuando decidió romper con Google News.
- Deslocalización. Las empresas, multinacionales y locales, abandonarán sus oficinas en España para esquivar la ley, con las consiguientes pérdidas fiscales, industriales y laborales para el país.
- La inclusión del canon AEDE en la Ley de Propiedad Intelectual es una legislación a la medida de un lobby que se impone así al criterio del interés general. Ello supone una merma más de la seguridad jurídica en España.
- La caída de los agregadores aumentará el tiempo de navegación para que los usuarios obtengan el mismo resultado que con ellos.
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Soraya Sáenz de Santamaría, haciendo lo que mejor sabe con el dinero de los ciudadanos. |
La última conclusión, no menos importante, es que a la luz de estas cifras parece claro que el Gobierno no ha realizado su propio estudio de impacto económico. A Soraya Sáenz de Santamaría, que pretende ser presidenta del Gobierno, los editores de AEDE le pidieron que trincara pasta de Google y ella se lanzó sin pensar en las consecuencias para el país. Solo le importó la imagen de su partido en los periódicos de cara a las próximas elecciones municipales.
Porque lo importante es mantener el control de la administtración. Aunque cada vez queden menos cosas por administrar.
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