viernes, 25 de julio de 2014

El gran fallo del #CanonAEDE

El gran fallo en el planteamiento del canon AEDE ha sido intentar hacerlo pasar por una ley en beneficio de todos. Un gobierno del Partido Popular cada vez usa menos la careta democrática no debería tener empacho en publicar un decreto-ley estableciendo que Google tiene que pagar una cuota al año a los medios que les apoyen en tiempo electoral. Y nos ahorraríamos discusiones bizantinas como si Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y adláteres atendieran a alguna razón que no haga referencia a sus intereses partidistas o sus sacrosantas gónadas.
Soraya Sáenz de Santamaría preside el Consejo de Ministros cuando no está Rajoy. El resto de tiempo solo manda.
El martes 22 de julio la Comisión de Cultura aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en una votación tan ajustada como vergonzosa. Dicha reforma de la LPI incluía el ya famoso canon AEDE por el cual se empezará a cobrar por:
"La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento"
Así lo dice la ley. La formulación no puede ser más ambigua: ¿qué es exactamente un agregador de contenidos"? ¿Cómo se determina si un fragmento es significativo? ¿Además de la web de saneamientos Paco, ¿dónde encontramos en Internet sitios que no tengan actualizaciones periódicas y finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento?

El texto de la LPI establece un canon para todo Internet. No hay otra interpretación posible que se ajuste a la letra actual.

Pero el Gobierno de plasma no se va a parar por algo tan nimio como el texto de la ley que ellos mismos aprueban. Lo que no han querido aclarar o matizar en un debate parlamentario digno de tal nombre, lo apuntan en una nota de prensa, tras el revuelo montado en las redes sociales durante la tragicómica votación de la reforma de la LPI. Al hilo de esto dicen:
Debe aclararse en relación a la denominada ‘Tasa Google’ que no implica en ningún caso que los usuarios de internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa. Por tanto, las redes sociales no son objeto de esta medida, tal y como algunas partes interesadas están informando en estos días.
El PP le ha visto las orejas al lobo. Se ha dado cuenta que las tretas para ocultar este recorte de la libertad de información no han sido tan efectivas como esperaban y que los ciudadanos se han enterado. Mientras tanto, sus compinches de AEDE se enfrentan a un boicot por parte de las redes sociales que beneficiará tan poco a sus cuentas de beneficios como lo hará el cierre de Google News si la ley sigue adelante.

Pero lo más importante de esta nota de prensa es: si el canon AEDE no afecta a las redes sociales, ¿a quién afecta? Lo que los medios tradicionales y Soraya Sáenz de Santamaría habían pactado era una forma de sacarle los cuartos a Google, pero una redacción chapucera y apresurada ha dado lugar a un texto por el cual cualquier ciudadano se verá obligado a pagar y que se llevará por delante a varias iniciativas, presentes y futuras, de innovación y negocio en Internet.

Con lo fácil que hubiera sido obligar a Google a pagar la cuenta de los amigos de AEDE por decreto ley. Total, uno más de los casi cien que llevan esta legislatura.

Si es que no aprendéis, Mariano y Soraya.

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